La junta de supervisores presentó una moción para determinar la ayuda que se podría ofrecer a los afectados por estos eventos.
En medio de las continuas medidas federales de control migratorio, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles considerarán este martes la aprobación de una moción para estudiar el impacto económico de las redadas en las pequeñas empresas.
La intensificación de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha provocado protestas diarias en las calles del centro de Los Ángeles y otros lugares del condado, que en ocasiones se han tornado violentas y destructivas.
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Esto llevó al presidente Donald Trump a desplegar la Guardia Nacional de California y la Infantería de Marina de Estados Unidos en la zona.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, decretó un toque de queda el 10 de junio que afecta una zona del centro que incluye el Centro Cívico. Inicialmente, el toque de queda era de 8 p. m. a 6 a.m., y el lunes se redujo a las 10 p.m.a las 6 a.m. El martes las autoridades lo cancelaron.
Según la moción del martes de las supervisoras Hilda Solis y Janice Hahn, las redadas de ICE han estado sacando a personas de sus lugares de trabajo, “dejando a sus familias sin saberlo y esperando a que regresen a casa después de un día de trabajo”.
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Solis ofreció una conferencia de prensa el martes por la mañana en donde declaró que, “estas redadas están dirigidas a nuestros vecinos inmigrantes, e incluyen encontrar personas en estacionamientos, Home Depot, supermercados, lavaderos de autos, mercados de intercambio, iglesias y otros lugares aleatorios de nuestras comunidades”.
Local
Solis afirmó que la escalada del gobierno federal desencadenó los disturbios civiles, calificándolos de crisis “causada por el hombre”.
Las protestas en el centro de la ciudad, que resultaron en la detención de 330 personas, también han afectado la economía local que ya se estaba recuperando tras la pandemia de COVID-19 y los incendios forestales de enero, afirmó Solis.
También señaló que el impacto de la interrupción podría retrasar la recuperación tras los incendios forestales, citando datos que muestran que más del 40 % de la industria de la construcción está compuesta por trabajadores inmigrantes.
“Nuestras pequeñas empresas inmigrantes están creando empleos y han fortalecido nuestras comunidades en la economía”, dijo Solis. “Pero ahora, muchos de esos mismos inmigrantes, sus familias y sus trabajadores deciden quedarse en casa, temiendo que una simple visita al supermercado o incluso a la escuela pueda cambiarles la vida”.
Solis citó datos que muestran que casi uno de cada cinco angelinos es indocumentado o vive con alguien que lo es, y aproximadamente un tercio de los 10 millones de residentes del condado de Los Ángeles son inmigrantes.
Los inmigrantes también contribuyen a la economía local, que se estima en unos 115 mil millones de dólares a través de impuestos y poder adquisitivo combinados, afirmó.
“Con más de 960 mil millones de dólares, el PIB del condado de Los Ángeles se ubicaría como la 19.ª economía más grande del mundo”, afirma la moción. “La línea dura de la Administración Trump hacia la inmigración afectará la contribución financiera que el Condado brinda al Estado de California y a todo Estados Unidos”.
Solis también afirmó que las redadas migratorias han afectado tanto a ciudadanos estadounidenses como a inmigrantes legales.
De aprobarse, la moción ordenará al Departamento de Oportunidades Económicas (DEO) que informe a la junta en 15 días con una evaluación del impacto económico de la aplicación de las leyes federales de inmigración en el condado.
El informe incluiría un estudio sobre las pequeñas empresas afectadas por la pérdida de personal, el impacto de los daños a la propiedad y los toques de queda impuestos, y los sectores industriales más afectados.
También se solicitaría al DEO que identifique servicios de apoyo para las empresas y cómo ponerlos a disposición.
La moción incluye una directiva para que el DEO, la Oficina de Asuntos de Inmigración y el Departamento de Asuntos del Consumidor y de Negocios desarrollen una estrategia de comunicación de respuesta rápida para que las empresas y los trabajadores afectados accedan a asistencia legal y recursos de apoyo.
Se espera que el DEO informe a la junta mensualmente hasta diciembre de 2025.
